Una de las demandas centrales del movimiento por la educación del 2011 fue generar una reforma estructural al sistema tributario, la que debía, en lo esencial, avanzar en la recaudación de mayores recursos para el financiamiento de políticas sociales que ayudaran a garantizar ciertos derechos básicos de nuestra población, gravando a las grandes empresas y a los sectores más acomodados de nuestro país. Esta posición del movimiento social tenía como principio la redistribución solidaria de los recursos del país y la generación de políticas que rompieran con la lógica regresiva de nuestro actual sistema tributario. En este sentido el gobierno junto a sectores de la Concertación han aprobado una Reforma Tributaria que, más allá de los aspectos técnicos, en realidad es un simple Ajuste Tributario. Este Ajuste Tributario no podrá salvar lo que queda de Educación Pública, pues los recursos son insuficientes y no de disponibilidad inmediata, sino, gradual, como también sus mecanismos y procedimientos de cómo y a quienes se les entregarán los recursos. Además, dentro de los recursos destinados a la educación se establece un “Fondo de Educación” por 4 mil millones con disponibilidad desde el 2014, sin embargo estos dineros no serán recaudados a través de dicha reforma tributaria, sino que serán extraídos de la liquidación de activos del Tesoro Público, incluyendo el Fondo de Estabilización Económica y Social. Es decir, del total de recursos anunciados, menos de un cuarto de ellos serán extraídos a través de esta seudo reforma tributaria. Estos montos, para las reformas emprendidas por el Gobierno, son absolutamente extemporáneos, ya que los anuncios y leyes promulgadas hasta ahora requieren de más de 4000 millones de dólares, para comenzar a ser utilizados en forma inmediata, sin embargo, solo se comenzarán a usar recién a partir del año 2014 y no a partir del 2013. Mientras tanto la Educación Pública sigue en franco deterioro. Esto evidencia que el anuncio de Reforma Tributaria del gobierno es una medida efectista para resolver, en el ámbito discursivo, una demanda que es sentida por la mayoría de la población chilena. Por otro lado, no puede existir un beneficio tributario para gastos en educación, producto de una Reforma Tributaria proveniente del Estado que incentive, a la par, a los padres para que lleven a sus hijos(as) a Establecimientos Públicos y Particulares.
Una Reforma de estas características, debiera centrar sus recursos en lo público,de lo contrario es una operación desde el Estado, a través del Gobierno de turno,para disminuir al mismo Estado y, en el corto plazo, terminar con la Educación Pública.
Como Colegio de Profesores lo que más nos preocupa es que dichos recursos van destinados a financiar las políticas que han emanado desde el ejecutivo, lo que significa de plano cerrar la puerta a cualquier intento de modificación estructural denuestro sistema educacional en crisis. Además, demuestra la arrogancia de un gobierno que insiste en una lógica de modelo educativo de mercado que se ha evidenciado con creces que solo profundiza y reproduce en la educación las inequidades existentes en nuestra sociedad.
Insistimos, por ello, en la necesidad de avanzar en una Reforma real al sistema impositivo que permita pensar soluciones profundas al sistema escolar y educativo en general, tanto en su dimensión curricular como en los
aspectos de gestión.
Como Colegio de Profesores hemos insistido en modificar el sistema de financiamiento vía subvención a la demanda, ya que es un factor principal en la crisis de equidad, igualdad de oportunidades y calidad integral. Nuestra propuesta implica evaluar los costos reales que implica la mantención de un sistema de educación público y de calidad integral que dé respuesta a las necesidades de nuestro país, por lo cual consideramos que medidas que impliquen mayores aportes a la educación deben dirigirse a suprimir el financiamiento vía subvención en beneficio de un financiamiento vía presupuesto de la nación atendiendo a las necesidades integrales del sistema.
Cuestionamos profundamente el incentivo de deducción de la carga impositiva a la renta de las personas, más allá de que se establezcan tramos diferenciados según el nivel de ingresos. Con esto lo único que se logra es que la medida sea menos regresiva. Sin embargo el descuento de los impuestos a la renta a la clase media cuando tienen hijos en establecimientos subvencionados(municipales y particulares), seguirá profundizando la segmentación social en educación, ya que esta medida solo refuerza la lógica del copago (financiamiento compartido), lo cual redundará en un aumento de los costos del mismo al estar subvencionada.
En esta misma línea, tampoco se puede señalar como argumento central que se “logró que en términos de impuestos estos beneficien proporcionalmente a los de menores ingresos y no a los de mayores ingresos”, cuando igualmente, los que ganan desde $ 5.935.500 y más, en vez de rebajar 1,5 millones de pesos, ahora
van a rebajar un poco menos de 1 millón de pesos al año, mientras tanto los que tiene una renta mensual de hasta $ 534.195 le rebajarán cero.
Por lo anterior, esta seudo reforma no se hace cargo de las necesidades prioritarias del sistema en cuanto al financiamiento. Como Colegio hemos sostenido la necesidad de avanzar primero en un saneamiento estructural del sistema escolar, lo cual implica resolver los enormes déficit presupuestarios que ha arrojado más de 30 años de municipalización, déficit que se expresan no solo en demandas como la deuda histórica, sino que ya llegan a la integralidad de las necesidades de las escuelas, las que se ven constreñidas en su actuar por no contar con los recursos para generar una buena educación. Por ello hemos sostenido la necesidad de construir un Fondo Especial de Revitalización de la Educación Pública, el cual se haga cargo de resolver todos estos problemas de base, para luego dar paso a la generación de un modelo de educación pública que se haga cargo de la educación integral del pueblo de Chile. Por último, queremos dejar patente nuestra decepción ante el acuerdo alcanzado en el parlamento entre sectores de la Concertación y el Gobierno. Nuevamente la lógica de los consensos se impone ante la demanda social mayoritaria, lo cual no debe ser leído como una derrota, sino como un llamado a profundizar la movilización y la propuesta alternativa para mejorar la educación pública de nuestro país. Departamento de Educación y Perfeccionamiento Colegio de Profesores de Chile A.G.
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