Por : Gregorio Riquelme en Actualidad y Entrevistas
La querella presentada por 34 alumnos de la Escuela de Salud de la Universidad del Mar acusa que los manejos comerciales de los controladores de esa entidad los han perjudicado en la falta de campos clínicos donde hacer sus prácticas y en la pérdida de horas de clases por el no pago de los sueldos de los profesores. “Evidentemente si las platas dejaran de ir a las inmobiliarias y fueran para la parte académica las cosas serían totalmente diferentes”, reconoció a CIPER Tania González, directora de la Escuela de Salud de esa universidad.
La facultativa añade que los cupos de prácticas que quedan se han destinado a los alumnos que están egresando. “Se garantizó que los alumnos ‘internos’ no tuvieran mayores complicaciones. Si teníamos campos clínicos preferimos usarlos con los internos y no con las prácticas intermedias”, explicó a CIPER.
La querella presentada por 34 alumnos de la Escuela de Salud de la Universidad del Mar acusa que los manejos comerciales de los controladores de esa entidad los han perjudicado en la falta de campos clínicos donde hacer sus prácticas y en la pérdida de horas de clases por el no pago de los sueldos de los profesores. “Evidentemente si las platas dejaran de ir a las inmobiliarias y fueran para la parte académica las cosas serían totalmente diferentes”, reconoció a CIPER Tania González, directora de la Escuela de Salud de esa universidad.
El miércoles 4 de julio fue declarada admisible la querella criminal por el delito de estafa interpuesta en el 9° Juzgado de Santiago por 34 estudiantes de la Universidad del Mar. El tribunal determinó que los hechos expuestos por los estudiantes, que en su mayoría cursan la carrera de Enfermería en la sede Maipú, revisten carácter de delito.
En el líbelo acusatorio los estudiantes argumentan que ingresaron a esa institución creyendo que se trataba de una universidad, es decir, una institución que según la legislación vigente no tenía fines de lucro. Afirman, sin embargo, que eso “no era real, toda vez que bajo una fachada montada de forma fraudulenta lo que había era una entidad de carácter comercial que en los hechos desarrolla una actividad de naturaleza mercantil”.
En opinión de los alumnos ese hecho no constituye sólo una trasgresión a la ley que rige las universidades y que específicamente les prohíbe lucrar: constituye, además, un daño directo a sus intereses pues el retiro de utilidades por parte de los dueños de la universidad generó “perjuicios concretos y graves” a la calidad de enseñanza que ellos recibieron, “llegando al extremo de incumplirse con parámetros mínimos que posibilitaran la realización material de nuestros estudios superiores”.
Con esta última afirmación los alumnos apuntan a la falta lugares donde realizar sus prácticas intermedias y sus internados debido a que la Universidad del Mar no ha realizado los pagos necesarios a hospitales y clínicas.
“Con la compleja situación que ha vivido la universidad se han dejado de pagar algunos, lo que conllevó efectivamente a que no podíamos enviar a los alumnos a prácticas hasta que se solucionaran los pagos pendientes”. Tania González, Directora Escuela de Salud, U del Mar.
En otro de los acápites de la querella, afirman: “Una de las razones académicas determinantes para que eligiéramos la Universidad del Mar, fue la circunstancia de que ésta, a través de distintos medios, les expresó seriamente y con abúndate publicidad de que contaba con más de 30 campos clínicos para desarrollar las prácticas profesionales, entre los que se encontraban el Hospital Penitenciario, el Hospital de la PDI, Clínica Las Violetas; y las corporaciones municipales de Cerro Navia, Pudahuel y Quilicura, entre muchas otras”.
Según los alumnos, “la parte más relevante de la carga académica de nuestras carreras se encuentra determinada por las prácticas profesionales, que los diversos directivos y representantes de la Universidad del Mar se encargaban de promocionar como una de sus grandes fortalezas frente a su ‘competencia’, como método de captar alumnos”.
Esta promesa nunca habría sido real pues -sostienen los alumnos-, al tratarse de una entidad con fines de lucro, “lejos de reinvertir sus ganancias en aspectos de relevancia para el cumplimiento de su objeto educativo, la Universidad ha actuado como una verdadera sociedad comercial, privilegiando las ganancias de sus dueños por sobre el interés de la supuesta corporación. Coherente con lo anterior, la Universidad no canceló los convenios con las entidades que ellos promocionaban como sus campos clínicos, situación que nos ha privado de cumplir cabalmente con la malla académica que los mismos directivos formularon fraudulentamente para sus alumnos y carreras”.
El fondo de la querella está fuertemente relacionado con la denuncia hecha hace unas semanas por el abogado y ex presidente del Consejo Para la Transparencia, Raúl Urrutia, entonces rector de la Universidad del Mar, quien al renunciar hizo pública la forma como operaba esa casa de estudios. Urrutia sostuvo que los controladores de esta entidad, que también son dueños de algunos de los edificios donde funciona la universidad, preferían auto-pagarse $600 millones en arriendos en vez de cancelar la deuda de $550 millones en imposiciones a los docentes y empleados.
SIN LAS INMOBILIARIAS SERÍA DIFERENTE
CIPER intentó infructuosamente obtener una versión de los controladores de la universidad acerca de la acusación de estafa hecha por los alumnos. Al respecto, sólo accedió a hablar con CIPER la doctora Tania González, directora de la Escuela de Salud de la sede de Santiago, el núcleo académico donde estudian los alumnos que se querellan en contra de la Universidad del Mar.
Tania González reconoció el grave problema que existe con las prácticas de los estudiantes. “Teníamos bastantes campos clínicos, pero con la compleja situación que ha vivido la universidad se han dejado de pagar algunos, lo que conllevó efectivamente a que no podíamos enviar a los alumnos a prácticas hasta que se solucionaran los pagos pendientes. Por ello, muchos alumnos quedaron sin práctica porque faltaba cumplir con los compromisos pactados entre la universidad y diferentes campos clínicos”.
La facultativa añade que los cupos de prácticas que quedan se han destinado a los alumnos que están egresando. “Se garantizó que los alumnos ‘internos’ no tuvieran mayores complicaciones. Si teníamos campos clínicos preferimos usarlos con los internos y no con las prácticas intermedias”, explicó a CIPER.
-¿Qué va a pasar con los practicantes intermedios?
-Estamos a la espera del resultado de un proceso con la Corporación Municipal de Recoleta, en donde falta que la universidad cancele un seguro. Eso nos daría cerca de 150 cupos para las prácticas intermedias de alumnos de segundo año. Actualmente tenemos 100 cupos y cerca de 500 alumnos que debieran estar haciendo su práctica.
-Estamos a la espera del resultado de un proceso con la Corporación Municipal de Recoleta, en donde falta que la universidad cancele un seguro. Eso nos daría cerca de 150 cupos para las prácticas intermedias de alumnos de segundo año. Actualmente tenemos 100 cupos y cerca de 500 alumnos que debieran estar haciendo su práctica.
-El ex rector Raúl Urrutia denunció que el problema de la universidad era que la Junta Directiva priorizó pagar el arriendo a los dueños. ¿Es ese también el problema del área de salud?
-Evidentemente si las platas dejaran de ir a las inmobiliarias y realmente fueran para la parte académica las cosas serían totalmente diferentes.
-Evidentemente si las platas dejaran de ir a las inmobiliarias y realmente fueran para la parte académica las cosas serían totalmente diferentes.
FORMAS DE LUCRAR
En la querella por estafa los alumnos describen varias formas en que el lucro que obtienen los dueños de la universidad los perjudica directamente. Entre ellas destacan la pérdida de clases debido a que no se han cancelado los sueldos de los profesores. Explican: “Para satisfacer su afán de lucro (los dueños de la universidad) dejaron de cubrir los sueldos de gran parte de los profesores de las diversas carreras que cursamos, los que dejaron de hacer clases, de lo cual se deriva el que hayamos perdido semestres académicos completos, con lo cual la Universidad se garantiza que paguemos por más tiempo a título de matriculas y aranceles”.
Los estudiantes señalan, además, que los controladores de la universidad realizan una serie de estrategias que perjudican el patrimonio de la entidad en la que estudian y dañan a los alumnos. Entre esas prácticas enumeran: Hacer que la universidad contrate servicios “en condiciones que exceden las habituales de mercado” con empresas de propiedad de los directores y controladores de la Universidad del Mar; obligar a la universidad a arrendar inmuebles que son propiedad de los directores y controladores en condiciones desfavorables para la universidad; contratar “personas directamente relacionadas con los directores y controladores de la Universidad en condiciones más gravosas de aquellas normales en el mercado, a pesar de carecer de las competencias objetivas para desarrollar tales aparentes funciones”; factorizar los pagos de los alumnos “repartiendo como utilidades tales valores a sus controladores”.
Para el abogado de los estudiantes, Mauricio Daza, el hecho de que el tribunal haya declarado admisible la querella abre un nuevo escenario. “Gracias a esta querella, cualquier cosa que se pretenda hacer para cerrar esta causa va a tener que pasar por un tribunal y una audiencia en la cual nosotros podremos intervenir para hacer valer los derechos de los estudiantes”.
El abogado Daza indicó que “pretendemos obtener la incautación de los contratos entre la universidad y las inmobiliarias y las sociedades que le prestan servicios. Y podremos ver cuáles son los movimientos que hacen y asociarlos a contratos específicos”.
Por último, se le solicitó al Ministerio de Educación que aporte todos los antecedentes de los miembros de la corporación que controla la Universidad del Mar “y toda fiscalización que se haya realizado respecto de las actividades de dicha entidad, como asimismo aquellos antecedentes que tenga respecto del proceso de acreditación de las carreras de dicha institución”.
Los estudiantes pide que sean citados a declarar al tribunal como testigos los miembros de la Junta Directiva de la Universidad del Mar y una serie de funcionarios con alta responsabilidad en dicha institución de educación superior:
-Jorge Troncoso Díaz, Vice Rector de Administración y Finanzas de la Universidad del Mar.
-Mauricio Villaseñor Castro, presidente de la Junta Directiva de la Universidad del Mar.
-Alejandro Leiva Godoy, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad del Mar.
-Raúl Baeza Apée, Presidente de Asuntos Corporativos Internacionales de la Universidad del Mar.
-Sergio Vera Muñoz, Director de la Universidad del Mar.
-Carlos Zelada de Urquidi, Director, Fiscal de la Universidad del Mar.
-Sebastián Baeza Ansoleaga, Director de la Universidad del Mar.
-Patricio Salas Pulgar, Vicerrector Académico de la Universidad del Mar.
-Marisol Álvarez Cisternas, Directora de Evaluación Académica de la Universidad del Mar.
-Beatriz Parra Vásquez, Directora Nacional de Docencia de la Universidad del Mar.
-Katherine López, Directora de Curriculum de la Universidad del Mar.
-Hernán Saavedra Guerrero, Director de Extensión de la Universidad del Mar.
-José Antonio Iturra Lastra, Director de Postgrado de la Universidad del Mar.
-Cristián Vasseur Fuentes, Director de Admisión de la Universidad del Mar.
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