Superintendencia de Educación: ¿Quién fiscaliza a quién? La semana reciente, el Ministro de Educación, Harald Beyer, anunció el inicio de las funciones operativas de la Superintendencia de Educación Escolar la cual, entre varias labores, tiene como objetivo fiscalizar el uso de recursos públicos en establecimientos subvencionados, tanto municipales como particulares, así como de recursos privados de establecimientos que perciban subvención estatal y, en conjunto con la Agencia de Calidad, podrá incluso disponer la revocabilidad del reconocimiento de establecimientos que contando con recursos del Estado no logren dar pruebas de “Calidad” en la educación. Frente a esto establecemos:
1. Como Colegio, fuimos críticos del carácter y sentido que motivaron la aprobación de la Superintendencia y Agencia de Calidad de la educación escolar, pues pretenden en función de los resultados de los establecimientos, medir con la misma vara y en igualdad de condiciones a los establecimientos públicos y particulares subvencionados, aún cuando es un diagnóstico ampliamente compartido que mientras se ha privilegiado el crecimiento indiscriminado del sector subvencionado, los colegios municipales han quedado supeditados a las reglas del mercado y no han contado con un apoyo preferente por parte del Estado, cuando atienden precisamente a aquella población escolar que los colegios subvencionados simplemente no quiere atender.
2. Tenemos plena conciencia de que no es posible sostener la regulación en los marcos del mercado de la educación escolar y, en este sentido, fuimos los primeros en demandar desde el año 1997 la creación de una superintendencia para la educación. No obstante, resulta complejo que esta regulación pretenda poner el énfasis en la Calidad de la educación que se entrega cuando, insistimos, se ha producido un abandono por décadas de la educación municipal.
3. Creemos que el Estado debe velar por una buena educación, pero ello pasa en primer lugar por avanzar de manera decidida en el término de la municipalización y en un plan estratégico de desarrollo y fortalecimiento de la educación pública y donde la educación particular subvencionada cuente con mayores y mejores regulaciones no solo respecto de los aportes estatales que percibe sino también en los mecanismos de selección que establece y las condiciones mínimas de enseñanza que debe garantizar.
4. Este organismo tan anhelado en función de la transparencia del uso de los recursos, sobre todo a la luz de las irregularidades registradas en el manejo y uso de millonarias sumas provenientes de la ley SEP y otras relativas al uso de las unidades de subvención escolar, ha quedado en manos, de manera transitoria, de Manuel Casanueva de Landa, quien a la fecha se desempeña como Coordinador Nacional de Subvenciones. Mientras se establece como norma que quien se desempeñe como Superintendente debe ser electo bajo los criterios de la Alta Dirección Pública, la autoridad, en la urgencia de la implementación de este organismo, vulnera uno de los principios básicos de esta nueva institución al designarlo sin pasar por este sistema de elección. Ello nos parece altamente preocupante. Más aún cuando durante su gestión como responsable de las subvenciones escolar del Mineduc, se aprobó con su firma en mayo del 2010, la condonación multimillonaria de multas por adulteración de asistencia y falsificación de documentos a establecimientos particulares subvencionados por una suma de 5 mil millones de pesos, según denunció el año 2011 la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación.
5. Nos surge la necesaria interrogante acerca de cómo se pretende impulsar el funcionamiento de la Superintendencia cuando se ha estado implicado en actos que vulneran alevosamente el principio en el que se funda, precisamente, dicha instancia de la estructura de nuestro sistema de educación.
6. Para el Colegio de Profesores esto es simplemente inaceptable. La señal que envía el gobierno es sumamente equivoca respecto a la función que le corresponde a dicha instancia y es un atentado contra la transparencia y correcto uso de los recursos públicos en educación, sobre todo cuando hemos tenido dos años en que el debate acerca del lucro ha estando en el primer lugar de la agenda educativa.
Creemos que es fundamental corregir estos errores, dando muestras de real intención de cumplir con el propósito de la Superintendencia sin privilegiar al mundo particular por sobre el municipal, tal como parece ser la intención del actual gobierno bajo la lógica de la igualdad de trato y del libre emprendimiento de los particulares en el supuesto mercado educativo, todo ello sustentado por la preeminencia de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Llamamos al Gobierno a corregir la designación de Manuel Casanueva en el cargo de Superintendente, cargo para el que, según sus antecedentes, no está capacitado éticamente. Llamamos a que la definición del responsable sea considerando la norma que para ello existe, ya que esta designación no estuvo sujeta al sistema de alta dirección pública, lo cual pone mayores elementos para cuestionar su designación. La urgencia del mandato de este Gobierno, no puede llevar a la autoridad a implementar acciones que más bien tienen un sentido inmediato y mediático, por sobre la responsabilidad que les cabe como Gobierno, de avanzar en reformas que verdaderamente permitan avanzar no solo hacia una educación de Calidad, sino por sobre todo a una educación más equitativa, menos discriminadora y que finalmente supere los niveles de segregación que están a la base de la crisis del sistema educativo chileno.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.
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