Francisco Martínez, Presidente del Colegio de Profesores Atacama, conversó con Diario Chañarcillo con el fin de entregar su opinión, como representante del Colegio de Profesores, acerca de la polémica generada luego de que se conociera, de manera pública, un informe emitido por la Contraloría General de la República acerca de los deficientes usos de los fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial; en donde se hace mención a los municipios de Copiapó, Caldera y Vallenar.
Martínez señaló, “El sistema está colapsado. Esto no da para más. Los municipios no tienen capacidad para gestionar las escuelas. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Los fondos no fueron a dar a los Planes de Mejoramiento Educativo (PME); es decir, no se destinaron para contratar, para comprar las cosas, a proveer de los servicios e insumos que requerían los proyectos de mejoramiento educativo, que incluso los profesores hicieron en el verano”. Agregando, “estamos, sinceramente, triste, porque teniendo plata, teniendo recursos, estos no hayan sido utilizados en implementar los PME cuando correspondía.
Martínez, no sólo disparó en contra del mal manejo que se ha tenido de los dineros por parte de los administradores de estos recursos, sino que también de quienes deben fiscalizar la distribución de los mismos. “Yo me pregunto, dónde estaban los Concejales; ellos tiene por Ley la obligación de fiscalizar los actos administrativos y financieros de la municipalidad, y no he visto a ningún Concejal de la región preocupado de los fondos SEP, que es mucha plata. Pareciera ser que las reuniones de consejo municipal, son de galletas, juguitos y poca participación”.
Con respecto al argumento entregado por los Alcaldes de las comunas de Vallenar y Caldera, acerca de que las actuales modificaciones a la Ley SEP, los faculta para gestionar o gastar los recursos de la Subvención Escolar Preferencial en fines distintos a los establecidos previamente en la Ley, y que estas modificaciones son retroactivas, Martínez dijo, “pretender que se haga borrón y cuenta nueva, yo creo que sería, realmente, impresentable; sería avalar delitos que se cometieron, porque publicada la Ley nadie puede decir que no la conocía, y que a la fecha estaba vigente, y que prohibía hacer los gastos mencionados. Por lo tanto, hacia adelante, se pueden hacer muchas modificaciones y así utilizar los recursos de otra forma; pero pretender borrar todo lo anterior, a mí parecer, pone en duda incluso un concepto ético que habría que ponerlo en la mesa”. Agregando, “Las leyes tiene un efecto retroactivo cuando benefician a las personas, por ejemplo en materias previsionales, etc., pero no cuando avalan, claramente, delitos”.
Finalmente, y en cuanto a la situación producida por el proyecto de Ley FONDENOR, y a la petición de mayores recursos que realizan los alcaldes, relacionando este tema con la mala gestión que han realizado los municipios de los recursos SEP, Martínez señaló, “las municipalidades, hace un tiempo atrás se quejaban de que la educación, sin plata, era un cacho; ahora que tienen recursos lo siguen haciendo mal, por lo tanto, nosotros lo que planteamos, como colegio, es que lo que corresponde es desmunicipalizar la educación”.
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