Estos seis meses de intensa movilización, en favor de una educación digna, de calidad, pública y contraria al lucro, sólo encontró inmovilismo del gobierno piñerista.
El clamor por los aportes basales para la educación superior pública, la gratuidad hasta el séptimo decil, el término del Crédito con Aval del Estado y los financiamientos para la desmunicipalización y la nueva institucionalidad en educación superior de nada sirvieron, porque el Gobierno, además de inmóvil, es ciego.
Frente a un gobierno sin voluntad para implementar los cambios estructurales exigidos, e incapacitado de ver alternativas en educación, que no sea concebirla como un bien de consumo, lo único que queda en pie es la convicción de que el debate sobre educación no termina aquí.
Básicamente, la partida de Educación del proyecto Presupuesto 2012 del Ejecutivo, nunca dio cuenta de la situación en el país y fue engañoso en la oferta de mejoramiento de la calidad y de eliminar el lucro.
En la concepción del Gobierno, las universidades son empresas y no instituciones de educación superior, la gratuidad es sinónimo de becas y el Estado es un mero accidente, y no la columna vertebral del sistema para garantizar el derecho a la educación.
¿Qué es lo que el gobierno no dio?
El movimiento social por la educación, apoyado por el 80% de la opinión pública, lo que pidió fue Gratuidad, que no significa un incremento en las becas, sino la creación de una asignación presupuestaria de gratuidad, cuyo costo hasta el séptimo decil es de 528 millones de dólares, que es menos de la cobertura entregada con el Crédito con Aval del Estado.
Se pidió Aporte Basal a las universidades y no condicionamientos a convenios de desempeño -con lo que comulgan los parlamentarios de derecha-, por cuanto aquello desnaturaliza la noción de trato preferente del Estado hacia las universidades de su propiedad, debido al carácter complejo de ellas.
Qué decir de los aportes a las universidades de regiones, que es bajo, pese al incremento ofrecido, cuyos patrimonios y situaciones contables están en crisis. No hay en la visión del Ejecutivo un intento real de fortalecer la educación pública, sino más bien de prolongar su agonía y potenciar con ello la demanda para el sector privado.
De hecho, el Crédito con Aval del Estado (CAE) crece por efecto de financiar la contingencia al ingreso, es decir, el Estado financia el riesgo para los bancos. Lo que corresponde hacer, en cambio, es crear una Comisión para la evaluación del CAE y aprovisionar los recursos presupuestarios para reducir el pago contingente al ingreso a un 5%.
En cuanto a terminar con el lucro, se persistió en que un sistema efectivo es financiar una institucionalidad que permita la fiscalización y transparencia. Pero justo en medio de la discusión del Presupuesto se envía el proyecto de Superintendencia, generando gran confusión porque contribuye a dilatar lo que justamente se quiere corregir. En ese sentido, la Segpres debe hacer una planificación mejor de la agenda legislativa.
Y, sobre la desmunicipalización, se reiteró que no deben seguir abriéndose colegios particulares subvencionados que lo único que hacen es arrebatarle recursos y matrículas a los establecimientos municipales; que la asignación presupuestaria para estos colegios públicos sea de acuerdo a matrícula y no por asistencia y de terminar con el financiamiento compartido.
Nunca, desde el regreso a la democracia, se llegó al límite de plazo de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos -hasta el 30 de noviembre-, porque la Constitución no prevé una situación como la actual en que se pueda desaprobar una partida.
La situación inédita ocasionada es sólo responsabilidad del Gobierno, porque están en sus manos las iniciativas de gasto y las facultades legales para abordar en su totalidad las demandas ciudadanas.
Explica este encajonamiento vivido sólo la perspectiva ideológica que asumió el Gobierno para defender su postura, lo que es indicativo del sentido de la actuación que debe seguir la oposición, si de verdad pretende representar al movimiento educacional.
No se pueden asumir actitudes mojigatas frente a un tema trascendente.
Lo que será bien aceptado por los actores sociales será un acuerdo marco de la oposición con miras a poner el acento en cinco puntos:
1.- Ítem de gratuidad hasta el sexto quintil, al valor de arancel de referencia y no por medio de becas, primeramente operativo para las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) a partir del año 2012, extendiendo el beneficio para el 2013, accesible con 475 puntos en la PSU.
2.- Aporte Basal sin convenio de desempeño.
3.- Aumento de subvenciones, pero congelamiento de apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados.
4.- Fondo para la Revitalización de la Educación Escolar Pública que incluye recursos para la desmunicipalización.
5.- Crear una Comisión para la evaluación del Crédito con Aval del Estado y proveer recursos en el Presupuesto para el año 2012 para reducir el pago contingente al ingreso a un 5%.
Por Carlos Arrué
No hay comentarios:
Publicar un comentario