Una nueva alarma encendió ayer el Colegio de Profesores al dar su opinión sobre el dictamen que emitió el miércoles la Contraloría General de la República en donde dio a conocer su interpretación de la fórmula para calcular el bono con cargo a la Subvención Adicional Especial (SAE), que los alcaldes le debían a los docentes desde 2007.
Este punto fue el que generó más discrepancias durante el conflicto que mantuvo a los maestros en paro nacional por veinte días, y más de un mes en la Región de Valparaíso.
El 8 de junio, después de una serie de negociaciones y quiebres, el paro concluyó.
Alcaldes, Ministerio de Educación (representado en el subsecretario Cristián Martínez) y el magisterio habían llegado a acuerdo: se cancelaría un monto de 500 mil pesos a fines de junio para los profesores con más de veinte horas semanales y de 300 mil para los que están bajo este número de clases.
El saldo sería pagado entre el 30 de diciembre y el 5 de enero de 2010, según lo que resolviera la Contraloría.
Menos de dos meses duraron las banderas blancas, ya que ayer los docentes anunciaron su disconformidad con la fórmula que establece el órgano contralor, por lo que apelarán al dictamen y, si no se les cancela lo que piden, acudirán a los tribunales del trabajo de cada comuna.
Según los alcaldes, con esta interpretación, en diciembre prácticamente no habría que pagar nada.
"Con la fórmula de cálculo que da la Contraloría, el tema bono SAE está prácticamente resuelto, incluyendo el próximo año. Hay saldos bastante marginales, por lo que algunos profesores nos deberían devolver alrededor de 40 mil pesos y a los que les debemos no debiera ser más allá de esa cifra", explica el acalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete.
LA MANZANA DE LA DISCORDIA
La fórmula de la Contraloría es la siguiente: los municipios reciben la Subvención Adicional Especial de parte del Estado para remuneraciones docentes.
A ese monto se le resta la bonificación proporcional y la planilla complementaria (dos ítemes que conforman el sueldo de los profesores) y luego se resta el incremento del valor hora (ver recuadro), que es el reajuste de remuneraciones de los docentes.
El resultado de esta operación es lo que sobra de la subvención, que debe ser repartida entre los profesores.
La Contraloría dice que el reajuste se debe considerar desde 1998, sumando los incrementos desde ese año hasta el 2008.
Los profesores, en cambio, apoyan la misma interpretación que tuvieron el Mineduc y la Dirección del Trabajo: el reajuste debe considerarse desde el 2001. Así, la fórmula de la Contraloría deja a los docentes con menos excedentes que las otras interpretaciones.
"Es lamentable que insistan en seguir precarizando nuestro empleo", dijo Jaime Gajardo, presidente del magisterio. Y anunció que los profesores no devolverán ni un peso de lo que les han entregado y probablemente acudirán a la justicia laboral de cada comuna en diciembre.
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