Los rostros de las universidades investigadas por lucro

Desde Herman Chadwick, primo del vocero de gobierno y presidente del CNTV, pasando por Hernan Büchi, Genaro Arriagada y Oscar Guillermo Garretón, las universidades investigadas por lucro tienen una variada paleta de colores partidistas en sus juntas directivas. Acá además sacamos a la luz a algunos profesores de ellas vinculados al gobierno y uno que otro personajillo.

Universidad del Desarrollo

La universidad del ministro Lavín y el ministro Cristián Larroulet está en el grupo de las que entrarían a ser investigadas por la fiscalía desde esta semana y fue sindicada directamente como una entidad que lucraba a través de la Inmobiliaria Ainavillo. En su junta directiva se encuentran:

Hernán Büchi Buc
Ex Ministro de Hacienda de Pinochet y ex candidato presidencial por la derecha en 1989. Fundador del Instituto Libertad y Desarrollo, estuvo a cargo de varias empresas del grupo Luksic como Luchetti, Madeco y Quiñenco. También ha sido director de SQM (SOQUIMICH), Falabella, Copesa, Parque Arauco y Metalpar, entre otras. Autor de “El ladrillo”

Federico Valdés Lafontaine
Rector de la Universidad del Desarrollo y ex presidente de Azul Azul, concesionaria del club Universidad de Chile. Creador del Preuniversitario Cepech y colaborador en campañas electorales de su amigo y socio Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro en la UDD.

Carlos Alberto Délano Abbott
“El choclo”, presidente del grupo de empresas Penta y amigo personal del Presidente Sebastián Piñera. Es además militante UDI y actual presidente de la Fundación Teletón. Es director y accionista de Empresas Banmédica, la Isapre Banmédica y la Isapre Vida Tres. También es uno de los accionistas mayoritarios de Azul Azul. Concuñado de Ernesto Silva Bafullay, ex socio que se suicidó el año pasado.

Dag Von Appen
Hijo del empresario naviero Wolf Von Appen, presidente del Grupo Ultragas, director de Ultramar y de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia.

Ernesto Silva Méndez
Diputado UDI por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Hijo de uno del fallecido fundador de la UDD, Ernesto Silva Bafullay, también presidente del directorio de AFP Cuprum. Actualmente el parlamentario es director del Posgrado de Derecho.

Universidad Andrés Bello:

La universidad con más alumnos del país y perteneciente al grupo Laureate tiene diversidad en su junta directiva. Entre ellos se encuentran:

Juan Antonio Guzmán
Ex ministro de Educación durante la dictadura y luego gerente general de Gener, es además socio de Laurence Golborne en el restaurante Oliva Limón del Alto las Condes.

Jorge Selume
Ex Director de Presupuesto en dictadura, recomendado por Hernán Büchi cuando éste último era ministro de Hacienda. Ex director de Chilectra, Entel, la desaparecida Compañía de Teléfonos de Chile, CTC, fundó junto Alvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán, Miguel Angel Poduje, Luis Cordero y Andrés Navarro, de quienes es socio en la Clínica Indisa. También miembro de la Junta Directiva de la Universidad de las Américas.

Oscar Guillermo Garretón
Del núcleo duro de la UP y miembro del Mapu-Garretón, la facción más dura de ese partido el ex subsecretario de Economía de la UP hoy es un socialista renovado. Fue presidente del Metro en 1990, director de la Fundación Chile y gerente general de Iansa.

Universidad Santo Tomás

Después de la muerte de Gerardo Rocha en 2008, el 57% de la corporación quedó en manos de la familia Hurtado Vicuña y del fondo Linzor Capital, operación que costó unos US$ 70 millones. De su junta directiva destacan:

Juan Hurtado Vicuña
Presidente directorio de Entel y dueño de la Sociedad Minera Pucobre. Junto a su hermanos Pedro, José Ignacio, Nicolás, María Mercedes y María Victoria, el grupo es uno de los más ricos de Chile.

Tim Purcell
Cofundador de Linzor Capital y director de Celulosa Arauco y Seguros Cruz del Sur. Muy ligado al grupo Angelini, intentó comprar Chilevisión hace algunos años.

Carlos Ingham
Miembro destacado de directorios en Isapre Cruz Blanca y Copec S. A., entre otras varias empresas. Fue presidente para el cono sur de la multinacional JP Morgan, una de las tres instituciones financieras más grandes de EE.UU. Miembro del Comité Editorial del Diario Financiero y del Comité Asesor del Centro de Estudios Públicos, CEP.

Carla Haardt Coghlan y Gerardo Rocha Haardt
Esposa e hijo del fundador de la UST, Gerardo Rocha, ambos ingresaron este año a nombre de Inversiones Angelicum, el fondo fundado por el empresario que murió tras quedar con el 42% de su cuerpo quemado el 21 de febrero de 2008, en El Quisco cuando las emprendió con el supuesto amante de su mujer, el martillero Fernando Oliva. Rocha hijo vivía en esa época en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes.

Universidad Autónoma

La ex Autónoma del Sur, universidad familiar conocida como la universidad de Los Ribera, fue incluida al final en la denuncia entregada por la comisión investigadora del lucro. En su junta directiva destacan dos empresarios:

Teodoro Ribera Beneít
“Don Teo”, padre del ex rector de este plantel y actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera Neumann, es un conocido empresario de la novena región. Fue subsecretario de Agricultura durante el segundo gobierno de Jorge Alessandri y militante del Partido Conservador Unido, en los ’60. En Temuco hay una galería comercial que lleva su nombre.

José Ronsenberg Villarroel
Gerente General y dueño de la empresa de colchones Rosen. Fue premiado por la Sofofa con la distinción el “Hernán Briones al Emprendedor” en 2008, donde contó sus peripecias para vender su primer colchón cuando todavía era cadete de la Fuerza Aérea.

Tras asumir Ribera Neumann en Justicia, Ernesto Schiefelbein Fuenzalida, ex ministro de Educación en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Premio Nacional de Educación en 2007 pasó de la Junta Directiva a ser rector de la universidad.

Universidad de las Américas

La UDLA es una de las más complicadas luego de la investigación de la comisión del lucro y pasó de la familia Antillo, antiguos dueños de supermercados Santa Isabel, a Sylvan International Universities, que después pasó a llamarse Laureate Education Inc.), quienes también controlan las universidades Andrés Bello y de Viña del Mar. En su junta destacan:

Herman Chadwick Piñera
Actual presidente del Consejo Nacional de Televisión y ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA). Es primo del Presidente Sebastián Piñera y del vocero Andrés Pío Bernardino Chadwick.

José Pedro Undurraga Izquierdo
Actual director de ENAMI. Director Ejecutivo de la Corporación Inacap, Rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap, del Instituto Profesional Inacap y del Centro de Formación Técnica Inacap. Fue subgerente general de Gener y gerente de la División Eléctrica, director de Puerto Ventanas, Energía Verde y Colbún y asesor de los Ministerios de Planificación, del Trabajo y de Hacienda.

Genaro Arriagada
Ex ministro Secretario General de la Presidencia (DC) durante el gobierno de Eduardo Frei y ex Embajador de Chile en Estados Unidos durante la administración. Actual consejero del Consejo Nacional de Televisión.

En las otras universidades denunciadas (Universidad Central, UNIACC, Del Mar y Pedro de Valdivia) no hay rimbobantes nombres políticos en sus juntas directivas. Sólo la UNIACC pertenece a un fondo de inversión internacional, Apollo Group, que se la compró a los hermanos Guillof Dimitstein. En el directorio aparece el arquitecto del Costanera Center, Ives Besançon, y su actual rector, Juan Enrique Froemel, también fue rector de la Universidad Autónoma. La Pedro de Valdivia, en tanto, fue adquirida en 2006 por los empresarios Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa, dueños del Preuniversitario y los colegios del mismo nombre.

En el caso de la Universidad Central, el año pasado el grupo NorteSur quiso adquirir el establecimiento, formado por sus mismos académicos, y después de varias protestas de los mismos estudiantes la operación no se realizó. En la Universidad del Mar, en tanto, fue creada en 1989 por los mismos accionistas de “Inmobiliaria del Mar S.A.”, Raúl Baeza, Héctor Randolfo Zúñiga, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Luis Enrique Molina.

Profesores

En las universidades mencionadas, también hay conocidos profesores que no sabemos qué le dirán a sus alumnos en medio de estas investigaciones. Varios de ellos, además son funcionarios, colaboran o asesoran al gobierno actual. Acá algunos de los más conocidos:

Pablo Allard
Decano Arquitectura UDD Santiago y Coordinador Nacional del Plan de Reconstrucción Urbana del Minvu. Asesor urdnista de Sebastián Piñera.

Gonzalo Cordero
Profesor de Derecho en la UNAB es estrecho asesor político y el estratega clave de la posible campaña presidencial de de Andrés Allamand al 2013.

Juan Domingo Acosta
Abogado del ministerio del Interior y el Minvu. Ha llevado la representación del ministerio del Interior en el caso Bombas y de Vivienda en el caso Kodama.

Cristián Labbé Galilea
El alcalde coronel de Providencia imparte la cátedra de Derecho Político II en la Universidad Pedro de Valdivia. Dios guarde en su santo reino a sus alumnos.

Pablo Rodríguez Grez
Decano de Derecho Universidad del Desarrollo es el fundador del Frente Nacionalista Patria y Libertad y abogado de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.

Jorge Marshall
El Presidente del Think Tank Expansiva es el actual Decano de Economía y Negocios de la UNAB. Fue ministro de Patricio Aylwin de 1990 a 1993 y además integró el Consejo del Banco Central.

Julio López Blanco
Tristemente célebre periodista de televisión, sancionado en varias oportunidades por el Colegio de Periodistas por montajes en la dictadura. Dicta la cátedra de Reportaje Televisivo en la UNAB

Harald Beyer a la Confech: “No se pueden imponer propuestas desde la calle”

El ministro de educación salió esta tarde a evaluar la masiva movilización de los estudiantes universitarios donde criticó que se hagan propuestas desde la calle.

El titular del Mineduc señaló que “no se pueden imponer propuestas desde la calle, hay instancias de diálogo. El congreso es el lugar mas apropiado para la discusión”.

Beyer contestó la crítica de que no hay un diálogo con los estudiantes diciendo que “están equivocados, los estudiantes han planteado sus ideas y han estado en debates en el Congreso, por ejemplo en el tema de la superintendencia”.

El ministro agregó que “yo mismo dije que me parecian interesantes algunos puntos de los que ellos estaban planteando”.

Según el secretario de estado “lo importante es lograr grandes acuerdos, no nos interesa hacer cálculos pequeños acerca de si el movimiento está debilitado o fortalecido”.

La máxima autoridad educacional del país dijo que se está avanzando en mejorar la educación, con cinco proyectos aprobados por el Congreso y siete que están en curso en el parlamento.

Beyer dijo que está leyendo el informe de la comisión del lucro y que hasta que no lo termine, “porque el informe es largo, no voy a tener comentarios al respecto”.

Respecto a los estados financieros de las universidades, Beyer dijo que tienen hasta el 30 para entregar esta documentación y que si las casas de estudio no lo hacen se arriesgan a multas y otras medidas judiciales.

El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran

Según una reciente investigación del Centro de Estudios Públicos la promesa de que la educación universitaria produce una mejoría económica, debe ser cuestionada. Debido a la baja calidad de muchos establecimientos y a la falta de información de las familias, varias instituciones están produciendo que los alumnos pobres que entran a ellas, salgan más pobres, pues quedan fuertemente endeudados y adquieren cartones que en el mercado valen poco. Para los universitarios que hoy marchan, este terrible resultado es fruto del lucro con que operan muchas universidades. En esta columna el presidente de la FEUC Noam Titelman dirige sus dardos al Estado que no ha hecho cumplir la ley que expresamente les prohíbe a las universidades lucrar. “Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación”, argumenta.

“Esta Comisión Investigadora ha podido determinar que la propiedad sobre las instituciones de educación privada, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha sido fuente de atracción de inversiones de grupos económicos, a tal punto que hoy se transan en el mercado bursátil, lo que sin lugar a dudas configura la existencia de lucro”.

Así reza el informe reciente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Educación Superior. Así de tajante y clara es la situación: durante décadas en nuestro país se ha violado la ley sistemáticamente, persiguiendo lucro donde está prohibido, y el mecanismo mencionado en la cita es solo una de varias estrategias empleadas.

Frente a esto me parece que quedan abiertas tres preguntas muy importantes para entender este último round entre el gobierno y el movimiento estudiantil (que ahora cuenta con el apoyo del
Poder Legislativo): ¿Por qué no debería haber lucro? ¿Quién es el responsable de que la normativa vigente no se haya cumplido? Y ¿qué hacemos ahora?

El debate en torno al lucro en la educación ha tenido larga trayectoria y se ha abordado desde varias aristas. Como punto inicial bastará confirmar que en educación escolar un sistema como el nuestro, con establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro y financiamiento compartido, es único en el mundo. Su arista más grave es que genera un sistema profundamente segregado, con estudiantes de primera, segunda y enésima categoría amparados por una legislación absolutamente permisiva y con un deterioro progresivo de nuestro sistema público.

En educación superior tenemos más ejemplos similares en el mundo con los que compararnos. Esquemas de educación particular superior con fines de lucro no son extraños en el mundo. Sin embargo, lo que sí es extraño es el peso que tiene el sector privado y el financiamiento considerable que recibe desde el Estado.

La idea de los defensores del lucro es que, al igual que en el mercado de los zapatos o de cualquier otro bien, la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado. Pero, sin gran sorpresa se puede afirmar esto, la educación no es un zapato. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.

Es imposible regular los incentivos de tantas entidades diferentes buscando el beneficio personal y empleando cada recurso imaginable para maximizar lo que cobran y reducir los costos de lo que entregan. No es ninguna sorpresa que entre las 100 mejores universidades no haya ni una sola con fines de lucro. Lo sorprendente sería que existiera tal universidad. El proceso educacional integral tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, no se puede estandarizar como si fuera una zapatilla. La educación que va más allá de un mero adiestramiento, no es un bien de consumo.

Cuando se plantea la necesidad de un sistema de educación público y la incompatibilidad de este con el lucro es porque se entiende que las instituciones de formación cumplen un rol público. Rol que requiere de la consonancia entre los objetivos de la institución y de la sociedad. Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión. Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta: si el efecto nefasto del lucro está tan aceptado ¿por qué nada se ha hecho para resolver esta situación?

Al respecto, las sentencias del ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la comisión son esclarecedoras: “No es casualidad que ningún ministro de Educación –incluyo ambas coaliciones- haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia…Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio –algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”

“Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice”

La situación es clarísima. Tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda” frente a quienes violan sistemáticamente la ley. De hecho, hemos visto ya a la luz pública, a varios miembros del gobierno actual y de gobiernos anteriores involucrados en esta transgresión. Sin embargo, queda absolutamente patente que una superintendencia, como se ha planteado en el último proyecto presentado por el gobierno, sería completamente impotente frente a los subterfugios empleados. Ya lo han dicho el director del CEP y el Contralor General de la República. Lo fundamental es legislar de manera contundente para que quienes lucren en las universidades y quienes lo hagan con fondos públicos en el resto del sistema educacional, tengan penas suficientes para que no siga siendo un negocio. Las penas estipuladas en el proyecto actual con suerte llegan a ser simbólicas y no permiten evitar las estrategias contables para ocultar el lucro.

Por último, quedan los miles de estudiantes que acuden a estos cuestionados establecimientos. ¿Cómo se hace cargo el Estado de una responsabilidad que ha abandonado notoriamente? Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, más del 40% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir la promoción social y económica, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.

Por lo tanto, el primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.

“Los dueños las instituciones que han lucrado tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro”.

Por último, el Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice. Los dueños de estas instituciones tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro. Estos recursos deberían emplearse en reubicar a los estudiantes en instituciones que cumplan la ley o renovar las instituciones asegurando que los nuevos controladores efectivamente sean organizaciones sin fines de lucro. Incluso a quienes ya se han graduado de estos establecimientos se les debiese garantizar la oportunidad de continuar con sus estudios para recuperar sus rentabilidades negativas o indemnizarles por sus pérdidas.

La solución es difícil y requerirá de grandes esfuerzos por parte de todos. La irresponsabilidad de quienes diseñaron e implementaron este modelo ha traído un nivel tal de injusticia que hace necesario plantear transformaciones de fondo y un gran proyecto nacional para subsanar estas falencias. Existen ejemplos de casos similares en el mundo. Evidentemente la solución no vendrá de la noche a la mañana y, de hecho, tomará varios años. Recordemos que tomó 30 años instalarlo.

“Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión”

Esperamos que el informe de la comisión investigadora y la denuncia en fiscalía, frente a la cual ya se ha comprometido un fiscal especial, permitan avanzar en esta dirección y romper con aquellos que han sentenciado la imposibilidad de recuperar nuestro sistema educacional. Como lo afirmó el propio Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC: “¿por qué hoy no ha habido ningún recurso en tribunales, si es que hay alguna institución que esté faltando a la ley de manera tan evidente, como se dice en todas partes? Porque las Universidades son todas instituciones organizadas, sin fines de lucro y, por lo tanto, no existe una evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a aquella institución que está faltando a la ley, o que el ministerio tome iniciativa al respecto”. Bueno, la denuncia está. Es hora de actuar.

ciperchile.cl

100 mil personas en la Alameda reimpulsan agenda de transformaciones estructurales y opacan reformas del Mineduc

Estudiantes secundarios, universitarios, familias y representantes del Colegio de Profesores y la CUT, marcharon este jueves por la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Una movilización transversal que tuvo como principal demanda el fortalecimiento de la educación pública y el fin al lucro en la enseñanza superior. Una contundente demostración de fuerza de la Confech que presiona al gobierno a introducir cambios más profundos al sistema educacional chileno.

Miles de estudiantes secundarios y universitarios se tomaron este jueves las calles de Santiago en una de las marchas más multitudinarias de este año para denunciar que algunos centros educativos obtienen ingentes beneficios, pese a que la ley lo prohíbe.

Esta protesta se produce después de que la semana pasada una comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre educación superior presentara un informe en el que se acusa a siete centros privados de incumplir el requisito legal de ser corporaciones educativas sin fines de lucro.

“Hemos venido a decir una vez más que la educación no es un bien de consumo, la educación es un derecho. Y para que esto sea así necesitamos un Estado que asegure una regulación adecuada del sector privado y además que permita el fortalecimiento del sector público”, afirmó el líder estudiantil Noam Titelman.

Los jóvenes partieron a las 11.00 horas desde Plaza Italia, punto neurálgico de la capital, y continuaron durante más de dos kilómetros por la Alameda, la principal avenida de la ciudad, un recorrido que les llevó a pasar por delante de La Moneda.

Esta es la primera marcha del año en la que la Intendencia de Santiago autoriza a los estudiantes a transitar por la Alameda, una avenida que los jóvenes ocuparon en múltiples ocasiones en 2011, cuando eclosionó este movimiento.

La manifestación fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a universitarios, en conjunto con las dos principales organizaciones de secundarios.

Los jóvenes desafiaron al frío y a la fina lluvia que caía sobre el centro de la capital y se aferraron a las pancartas para desfilar, entre cánticos y bailes, en un ambiente festivo solo alterado por un grupo minoritario que trató de provocar desórdenes durante el recorrido.

Esta movilización se enmarca en la jornada de paro nacional convocada por los estudiantes y puede convertirse en la más masiva de las tres que la Confech ha convocado desde que se inició el curso el pasado marzo, tras las celebradas el 25 de abril y el 16 de mayo.

La estrategia de la Confech para potenciarse con la polémica por el lucro

En medio del escándalo tras el destape del lucro en algunas universidades privadas, la confederación estudiantil apunta a bloquear las iniciativas del gobierno en materia legislativa y desenmascarar en el mismo parlamento la posición de unos y otros frente al tema. Dejando las consignas más “utópicas” para el futuro, el emplazamiento ahora empieza por aterrizar el debate y detener los excesos, ya constatados por la justicia, como los del crédito Corfo.

La polémica por el lucro en las universidades privadas está dando un nuevo aire a la Confech y desde que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados presentó su informe denunciando ilícitos en siete centros de estudios parece estar recuperando el lugar preponderante en la agenda política ganado el año pasado. Es precisamente con ese impulso que hoy volverá a emplazar al gobierno con una carta dirigida a La Moneda y el parlamento con cuatro puntos al hueso: congelar los proyectos de Superintendencia y nuevos créditos impulsados por Harald Beyer, solucionar la situación de las más de 100 mil familias afectadas por el crédito Corfo y, obviamente, hacer cumplir la ley y poner fin al lucro.

Estas demandas serán el eje central de la carta que harán pública esta tarde, después de la marcha nacional a la que han convocado para las 11:00 horas -en Plaza Italia en Santiago-, y que esperan explique con peras y manzanas que mucho más allá de las consignas consideradas más “utópicas” por sus detractores como la de educación gratuita inmediata, los antecedentes hacen necesario entrar en un debate profundo y en detalle de las mejoras que urgen al sistema educacional chileno, más allá del maquillaje hecho por el gobierno.

De nuevo al Parlamento

Con el escándalo provocado por el informe de la comisión investigadora del lucro en la educación superior, en el último Confech del sábado pasado en la Universidad Diego Portales llegaron a un acuerdo: emplazar a las autoridades para avanzar gradualmente en la modificación del sistema, dejando de lado la estrategia del año pasado que tenía como punto de partida la demanda de educación gratuita y de calidad para todos.

Después de un intenso debate, en el que por momentos dominó la convicción de no aplaudir nada que pudiera venir de los planteamientos del ministro Beyer, la idea más diplomática se impuso finalmente y terminó reducida a un documento de tres páginas que llevará la mesa ejecutiva completa a la oficina de partes de La Moneda después de la marcha contra el lucro.

Una postura que con los cuatro ejes antes mencionados busca revelar la postura de toda la clase política frente a la polémica y que pretende que sea en el mismo Congreso donde se le ponga fin a “la situación que ellos mismos no quieren asumir”, según señalan en la Confech.

Todo esto, con la espalda de informes con datos duros que revelan el despilfarro de recursos públicos en universidades con fines de lucro, una denuncia criminal que hoy comenzaría sus diligencias y las declaraciones de Herman Chadwick, presidente del directorio de la Universidad de las Américas, que ayer encendieron el debate cuando reconoció -y más tarde negó- el retiro de excedentes y la venta de acciones de universidades supuestamente sin fines de lucro.

Así, sin patrocinar la denuncia por desconfianza a que se diluya y pierda vigencia en el trámite de las indagaciones, los universitarios van a aprovechar una contingencia que venía preparándose hace rato con una estrategia distinta a la del 2011 y que tendría el respaldo de varios parlamentarios, incluso en el bando oficialista.

“Ha habido acercamientos, siempre con un poco de desconfianza de lo vivido el año pasado, pero acercamientos que hacen ver que vamos avanzando de a poco”, dice uno de los miembros de la mesa ejecutiva del Confech.

Banderazo, Chadwick y los Corfo

La idea es, según sus dirigentes, frenar los proyectos de ley “escudo” que ha ocupado el gobierno para defender su postura y con los que se ha mostrado receptivo en apariencia, modificando ciertos aspectos superficiales del sistema educativo y parece que hace eco de las demandas estudiantiles.

Para ellos -y en general para todo el movimiento estudiantil-, lo ocurrido estas últimas semanas es un espaldarazo al sacrificio del año pasado y una constatación de que lo que estaban diciendo no eran idealismos juveniles ni pretensiones partidarias, como se dijo una y otra vez desde La Moneda y el Mineduc, cuando un Opus Dei como Lavín cuestionaba la “ideologización”.

Sin el impacto mediático del 2011, el informe parlamentario del lucro y las palabras de Herman Chadwick les dio el empujoncito que necesitaban para volver a aterrizar el debate y, con pruebas en mano, evidenciar “el firuleo” de la ley en las universidades privadas durante estos años.

Todo eso, sumado al espaldarazo judicial que recibió el líder de los Estudiantes Endeudados por el Crédito Corfo, Cristián Villagrán, que dictaminó irregularidades en el cobro de su crédito y obligó a la entidad a devolver parte del dinero, más una indemnización por daño moral y una multa al banco Scotiabank por lo cometido.

Si bien es el único caso ganado hasta el momento y según las cifras de Corfo hoy son más de 6 mil los endeudados que deben más de tres meses de pago y por ende tienen sus órdenes de embargo en curso, el caso es un buen precedente que debería comenzar a propagarse en las otras demandas y que obligaría al gobierno a pronunciarse de manera definitiva después de la confirmación legal de los abusos crediticios.

Para hoy, más allá de confirmar el apoyo ciudadano que han obtenido en las dos grandes manifestaciones a las que antes habían convocado, el “segundo tiempo” del que habló Gabriel Boric comenzaría con “refuerzos” en el Parlamento y un aliento que lejos de estar dormido se avivó a un punto de ebullición que el gobierno pensaba ya apagado.

Mientras tanto, desde la otra vereda Harald Beyer sigue con su agenda pro transparencia y remarcando que ni éste ni los gobiernos anteriores tuvieron facultades para impedir que ocurrieran los ilícitos denunciados, un claro guiño a la oposición. Para eso ya nombró a Manuel Casanueva, ex Coordinador Nacional de Subvenciones del Mineduc, como Superintendente de Educación Escolar, cargo que quieren emular en la educación superior para comenzar a fiscalizar y cerrar el capítulo del lucro.

Ministro Beyer nombra a primer Superintendente de Educación

Manuel Casanueva, quien se desempeñaba como Coordinador Nacional de Subvenciones del Mineduc, ejercerá este cargo. La nueva institución velará para que todos los estudiantes del país cuenten con un colegio en buenas condiciones y para que los recursos que entrega el Estado se usen efectivamente en la educación de los niños.     27 de junio de 2012

El ministro de Educación Harald Beyer dio a conocer hoy el nombre del primer Superintendente de Educación, cargo que recaerá en Manuel Casanueva, quien hasta la fecha se desempeñaba como Coordinador Nacional de Subvenciones del Mineduc.   “Hoy nombramos al primer Superintendente de Educación Escolar, que es una persona que ha estado colaborando con el Ministerio de Educación y que se ha desempeñado como Coordinador Nacional de Subvenciones, y quien estamos seguros que podrá implementar adecuadamente la Superintendencia y asegurar que ésta cumpla con los altos estándares que esperamos de ella”, sostuvo el jefe de la cartera.   La Superintendencia de Educación fue parte de la ley de Aseguramiento de la Calidad, promulgada el 11 agosto de 2011. Esta institución comenzará a funcionar el segundo semestre de este año.   La misión de esta entidad será velar para que todos los estudiantes del país cuenten con un colegio en buenas condiciones y para que los recursos que entrega el Estado se usen efectivamente en la educación de los niños. El ministro Beyer destacó que “la Superintendencia tiene un carácter autónomo del Ministerio de Educación y será independiente del poder político de turno, velando por el largo plazo, en el sentido de hacer cumplir las exigencias a los establecimientos. Estamos seguros que esta institución será un aporte para las familias chilenas, para los estudiantes, para los apoderados, los profesores, para ir cumpliendo con una educación de mayor calidad y más equitativa”.   Manuel Casanueva agradeció el nombramiento y explicó las principales atribuciones de esta nueva entidad: “Quiero dar las gracias al ministro por este nombramiento. Para mí es un honor estar hoy aquí y poder decirles con mucha confianza y tranquilidad que estamos contentos porque por primera vez existirá una Superintendencia que estará 100% dedicada a la fiscalización de los colegios”.   Sobre las atribuciones, Casanueva afirmó que “la misión principal de la Superintendencia será fiscalizar que cada peso que el Estado entrega a los colegios sea destinado a la educación de los niños, especialmente de los niños más vulnerables de Chile. Además tendrá a su cargo el poder inspeccionar que todos los establecimientos se encuentren en buenas condiciones, es decir, que tengan una infraestructura adecuada, niveles de seguridad como los que exigimos y que tengan a sus profesores en las condiciones óptimas, por ejemplo en los pagos de cotizaciones y sueldos”.   Además agregó que la Superintendencia “estará a disposición de la comunidad escolar. Cada papá, profesor o alumno que tenga una denuncia la podrá hacerla llegar a la Superintendencia y nosotros investigaremos y cuando corresponda ayudaremos a solucionar estos casos”.   Ante incumplimientos a la normativa, la Superintendencia podrá sancionar a los establecimientos, tomando medidas como la amonestación, multas, inhabilidad del sostenedor, privación de la subvención y revocación del reconocimiento oficial del colegio.   Desde 2009 se ha avanzado en la fiscalización a establecimientos, aumentado al doble el número de inspecciones, llegando a 34 mil en 2011 (en 2009 eran 16 mil). Respecto a las sanciones éstas se han multiplicado por cinco, subiendo de mil a más de cinco mil.   Manuel Casanueva (38) se desempeñaba como Coordinador Nacional de Subvenciones del Mineduc desde 2010. Es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica y estudió un Máster en Ciencias en Telecomunicaciones en la Universidad de Colorado en Boulder, EEUU.      Funciones de la Superintendencia de Educación Cuatro serán las funciones básicas de esta institución:   Fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa: El Ministerio, con la creación de la Superintendencia, dejará de ser el órgano encargado de fiscalizar a los colegios, tarea que pasará ahora a la Superintendencia, que también sancionará cuando corresponda. De esta manera, la fiscalización quedará a cargo de una institución autónoma y exclusiva para estos fines y el Ministerio se centrará con mayor fuerza en otras funciones como el entregarle apoyo técnico pedagógico a los establecimientos y proponer e implementar las políticas educacionales.   La fiscalización que realizará la Superintendencia en los colegios se enfoca en aspectos de infraestructura y administrativos, como por ejemplo el verificar si el recinto cuenta con una infraestructura adecuada y segura para los niños y el personal, si los profesores cuentan con el título para enseñar, si existe un manual de convivencia claro y conocido por la comunidad escolar, si se registra de manera adecuada la asistencia de los alumnos, el estado del mobiliario, el pago de las cotizaciones de los profesores, entre otros aspectos.   El modelo de fiscalización que tendrá la Superintendencia, comenzó a implementarse paulatinamente desde este año en el país y se basa en tres aspectos clave:   Focalización en establecimientos “riesgosos”: 400 colegios definidos como riesgosos para 2012, los cuales serán fiscalizados con mayor intensidad.   Sanciones rápidas y oportunas: La meta para este año es que entre las visitas de inspección y la aplicación de una sanción el proceso demore en promedio 45 días y para procesos simples 7 días. Antes de 2010, el tiempo de tramitación era de más de 6 meses o incluso años, por ello muchas sanciones finalmente prescribían y no se aplicaban.   Inspecciones más profundas en las áreas sensibles: La fiscalización se enfocará en los aspectos más sensibles como la asistencia, el estado de los profesores, la higiene, la seguridad del recinto y la rendición de cuentas.    Fiscalizar los recursos y auditar rendición de cuentas: La Superintendencia exigirá a los colegios una rendición de ingresos y gastos, lo que permitirá fiscalizar la legalidad del uso de los recursos que le entrega el Estado a los establecimientos, es decir las subvenciones. Esta institución velará para que los recursos que entrega el Estado se usen para la educación de los alumnos.    Investigar y resolver denuncias y hacer de mediador con los reclamos: La Superintendencia recibirá las denuncias y los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad  educativa u otros directamente interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. Recibirá y mediará en casos de bullying, negación de matrícula, cobros indebidos, discriminación, entre otros.    Entregar información  de interés a la comunidad escolar: Con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia e informar a la comunidad escolar, especialmente a los padres y estudiantes, la Superintendencia entregará información de interés sobre los resultados del proceso de fiscalización y sanción de cada establecimiento.

M. O. Mönckeberg revela red de empresarios, políticos y hombres públicos detrás del lucro en la educación

Ex ministros del régimen militar e influyentes empresarios cercanos al Presidente Sebastián Piñera, sin mencionar los vínculos de actuales secretarios de Estado con distintas instituciones, aparecen en el listado que la Premio Nacional de Periodismo 2009 dio a conocer en una presentación realizada en la Universidad de Chile y a la que asistieron estudiantes e integrantes de la comisión investigadora del tema en la Cámara de Diputados.

Mostrar cómo opera el millonario negocio de las universidades privadas, pero esta vez con los nombres y apellidos de quienes se benefician del lucro en la educación superior. Ese fue el objetivo de una presentación que elaboró la Premio Nacional de Periodismo 2009 y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Mönckeberg y que dio a conocer frente a un auditorio lleno de estudiantes en la Universidad de Chile.

Con ella, estaba el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Gabriel Boric, mientras que en el público observaban los diputados Rodrigo González (PPD) y Alejandra Sepúlveda (PRI), ambos integrantes de la comisión investigadora de la Cámara que indagó sobre el tema y de la cual surgió un informe que apuntó a varias instituciones que estarían vulnerando la ley, el cual fue desestimado por el ministro de Educación, Harald Beyer.

Durante la actividad realizada la noche del lunes en dependencias de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile (FEN), que fue organizada por el Centro de Estudios de la FECh (Cefech) y la Comisión de Estudios de Proyectos de Ley (CEPLE), María Olivia Mönckeberg, autora de los libros La privatización de las universidades (2005) y El negocio de las Universidades en Chile(2007), apoyada con un PowerPoint, efectuó una presentación que tituló “Quienes están detrás del lucro”. En ella dio a conocer una larga lista de significativos nombres presentes en la propiedad y dirección de algunas de las principales universidades privadas.

La lista comenzó con Herman Chadwick, hermano del ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick y primo del Presidente Sebastián Piñera. Lo anterior, porque el actual presidente del Consejo Nacional de Televisión, preside  la junta directiva de la Universidad de Las Américas (UDLA), una de las más cuestionadas en estos días a propósito del debate sobre el lucro.

El  vicepresidente del Consejo y rector de la UDLA es José Pedro Undurraga, del grupo Inacap-Universidad Tecnológica. Otros integrantes de la junta directiva de Las Américas son el ex ministro de la Segpres Genaro Arriagada, el periodista Manfredo Mayol, los ingenieros comerciales Fernán Gazmuri Plaza y Jorge Selume;  este último —recordó María Olivia Mönckeberg— fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, cuando estaba intervenida en la dictadura y ex director de Presupuestos de Pinochet.

La presentación destaca a Jorge Selume, quien fue por largos años socio de Alvaro Saieh —el dueño de Corpbanca y Copesa—, como un hombre clave del grupo Laureate. Este conglomerado actualmente en manos del Fondo de Inversiones estadounidense KKR, además de Las Américas, es dueño de la Universidad Andrés Bello, del Instituto Profesional AIEP y de la Universidad de Viña del Mar. Silvan, ligado al mismo holding, adquirió también la Escuela Moderna de Música.

Asimismo, la periodista afirmó en la presentación que Selume se desempeña como presidente de la junta directiva del Instituto AIEP y como vicepresidente de la Universidad Andrés Bello.

La actividad  de grupos empresariales en el “mercado de las universidades” ha continuado en los últimos años, comentó la periodista. “En Valparaíso, la Universidad de Aconcagua fue adquirida en 2007 por el grupo empresarial  de Gonzalo Vial Vial —productor de pollos y dueño principal de Agrosuper, el mismo de la planta de cerdos de Freirina—, que fusionó esa universidad con la de Rancagua”.

La prorrectora de la UDLA, anotó, es Paulina Dittborn, ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, también del grupo Inacap que controla la Universidad Tecnológica.“Ella pasó del Consejo Superior de Educación y de Inacap a ser prorrectora de la U. de Las Américas. Está casada con el ex ministro de Educación de Pinochet, Juan Antonio Guzmán Molinari, dirigente de la Sofofa”, explicó María Olivia Mönckeberg en la presentación. Y agregó otro dato: “Guzmán Molinari preside actualmente la junta directiva de la Universidad Andrés Bello”.

De igual forma, indicó la expositora que en la junta directiva de la Andrés Bello están, entre otros, el ex vicepresidente de Conicyt en dictadura, Manuel Krauskopt; el economista Oscar Guillermo Garretón y el abogado Julio Bustamante, ex superintendente de AFP.

María Olivia Mönckeberg recordó que en 2009 el grupo Laureate adquirió la Universidad de Viña del Mar, por la que pagó más de 14 millones de dólares a la sociedad Norte-Sur, encabezada por Vicente Caruz, quien trató después de comprar la Universidad Central. Pero esa negociación fue detenida por la movilización de estudiantes y académicos durante 2011.

SANTO TOMÁS Y EL VÍNCULO DE CARLOS LARRAÍN

Continuó la periodista con la mención a Juan Hurtado Vicuña, líder de uno de los principales grupos económicos actuales, quien “compró” en 2009, junto al fondo de inversiones Linzor, la mayoría de las acciones de la Corporación SantoTomás: la entidad creada por Gerardo Rocha que incluye la UST, instituto profesional, centro de formación técnica y colegios.

Hurtado es el presidente de Entel —explicó—, accionista de Pucobre y del Consorcio Nacional de Seguros, uno de los grandes beneficiados con las privatizaciones de ex empresas públicas, y dueño de inmobiliarias, actualmente involucrado en la reconstrucción de Talca. “Es también cuñado del senador y presidente de RN Carlos Larraín, quien reconoció en una entrevista que tenía intereses en una universidad”, agregó.

En tanto, señaló, el inversionista Tim Purcell fundador de Linzor Capital y José Said, dueño de la Isapre Cruz Blanca, controlador de Embotelladora Andina y de Parque Arauco, son socios de Linzor Capital y ahora de la Corporación SantoTomás. “El presidente de Santo Tomás es Juan Hurtado y en el cargo de director ejecutivo nombró a su brazo derecho, Marcos Büchi Buc, hermano del ex ministro de Hacienda de Pinochet  Hernán Büchi”.

UDD, MINISTROS EX SOCIOS Y REDES CON LA UDI

Justamente  Hernán Büchi, quien fuera candidato a la Presidencia en 1989 contra Patricio Aylwin, es el presidente de la  junta directiva de la Universidad del Desarrollo y  hoy es uno de los socios de la UDD.

Joaquín Lavín, actual ministro de Desarrollo Social, fue fundador y socio hasta el momento de asumir el ministerio de Educación en marzo de 2010. Los otros socios y directivos —recordó María Olivia Mönckeberg— eran el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Larroulet, y Federico Valdés Lafontaine, presidente de Azul-Azul y actual rector, quien se mantiene como socio de la Corporación y de la Inmobiliaria Ainavillo.

También comparte la propiedad de la UDD el grupo Penta, el cual tiene bancos, empresas aseguradoras e inmobiliarias, dijo la periodista, quien indicó que sus máximas figuras, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, son parte del directorio. Todos miembros o cercanos a la UDI.

 UNIVERSIDADES, SONDA Y LA PLANTA DE FREIRINA

Los antecedentes entregados señalan, además, que parte de los antiguos dueños de la Universidad Andrés Bello y sus inmobiliarias, entre quienes están el fundador de la UDI Luis Cordero Barrera y el empresario Andrés Navarro, dueño principal de Sonda, tomaron el control de la Universidad San Sebastián, junto a Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla, quien murió junto a otros miembros del directorio en un accidente aéreo en marzo de 2010.

Cordero, Navarro y Pérez controlan, asimismo, AB Inmobiliaria, sucesora de Inmobiliaria Andrés Bello. En la San Sebastián hay también importante presencia UDI.

La actividad  de grupos empresariales en el “mercado de las universidades” ha continuado en los últimos años, comentó la periodista. “En Valparaíso, la Universidad de Aconcagua fue adquirida en 2007 por el grupo empresarial  de Gonzalo Vial Vial —productor de pollos y dueño principal de Agrosuper, el mismo de la planta de cerdos de Freirina—, que fusionó esa universidad con la de Rancagua”.

Por otro lado, los dueños del preuniversitario CEPECH, adquirieron en 2009 el 60 por ciento de la Universidad de Ciencias de la Informática, Uncinf.  Este grupo nació del preuniversitario de la Fecech en los ‘80, uno de los tres mayores del país, enfatizó. Entre sus fundadores está el secretario general de la Empresa El Mercurio y editor del diario de Agustín Edwards, Carlos Schaerer.

LA FAMILIA DEL MINISTRO RIBERA Y LA U. AUTÓNOMA

Como ha informado El Mostrador, el ministro de Justicia Teodoro Ribera Neumann está estrechamente ligado a las universidades privadas.

María Olivia Mönckeberg recordó que en su libro El negocio de las universidades en Chile (Debate, 2007) incluyó un capítulo titulado “La autónoma universidad de los Ribera” en el que da cuenta de esta relación y de la historia de la Universidad Autónoma que nació como una aparente corporación regional y hoy pertenece a la familia del ministro. “Su padre Teodoro Ribera Beneit preside la junta directiva, su hermano Jaime Ribera Neumann es el secretario general y el actual ministro era rector y principal motor hasta entrar al gabinete en julio de 2011”, anotó sobre esta universidad que ha tenido elevadas ganancias según cifras oficiales.

Finalmente María Olivia Mönckeberg se refirió a la Universidad Mayor, en cuyo directorio históricamente ha estado un grupo de ex ministros de Augusto Pinochet, encabezados por Ricardo García Rodríguez, su histórico presidente. Los ex ministros Jorge Prado Aránguiz y Sergio Melnick también son parte de su junta directiva”.

Y comentó que su rector, Rubén Covarrubias, encabeza los movimientos en pro del apoyo estatal a las privadas, junto a otro de los directivos y socios René Salamé, actual vicerrector académico y el último ministro de Educación de Pinochet, entre 1989 y marzo de 1990.